Sobreseyeron a los ex jefes de inteligencia de Macri en una causa por espionaje del juez Alejo Ramos Padilla

El juez Julián Ercolini sobreseyó a los exdirectores de la SIDE durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal conocida como “Bases AMBA”, iniciada por el exjuez Alejo Ramos Padilla. Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema archivara otra investigación del mismo magistrado por supuesto espionaje a familiares de los 42 héroes del submarino San Juan.

La resolución también benefició a 26 funcionarios más de la SIDE que habían sido procesados por Ramos Padilla en un expediente paralelo relacionado con el falso abogado Marcelo D’Alessio, causa que contó con un fuerte respaldo kirchnerista.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Leopoldo Moreau, fue quien impulsó la investigación de Ramos Padilla que intentaba implicar a Arribas y Majdalani.

Con esta medida, solo queda pendiente para Arribas y Majdalani la causa por el supuesto espionaje a Cristina Kirchner en el Instituto Patria, que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

A pesar de no ser competente en la jurisdicción de Dolores, Ramos Padilla investigó las bases de la SIDE en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y denunció, con gran énfasis, presuntas maniobras de inteligencia ilegal contra dirigentes políticos, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas y organizaciones sociales. En 2019, ante el Congreso, Ramos Padilla afirmó haber descubierto en torno a D’Alessio una red internacional de inteligencia que habría generado problemas diplomáticos con Irán, Venezuela y Uruguay, entre otros países, red que nunca existió más allá de las afirmaciones infundadas de D’Alessio que el juez tomó como verídicas.

El juez Ercolini fundamentó su fallo en el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investigaba el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Macri había sido procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava en diciembre de 2021, sucesor de Ramos Padilla, pero pocos meses después la Cámara Federal revocó esa medida. La decisión fue apelada y el expediente llegó a la Casación Penal. Paralelamente, la Corte rechazó un recurso de reposición presentado por la abogada Valeria Carreras, apoderada de una de las querellas.

En un extenso fallo, Ercolini señaló que la fiscal propuso el archivo por inexistencia de delito en la causa “Bases AMBA”. Recordó que, según Ramos Padilla, el llamado “Proyecto AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenía por objetivo la instalación, desde mediados de 2016, de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense —en Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza, Quilmes, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca— para investigar delitos federales complejos como narcotráfico o trata de personas. Sin embargo, Ramos Padilla sostenía que en realidad se había dedicado a realizar espionaje político hacia agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias contrarias al gobierno de turno.

Ercolini también destacó que se había cuestionado la trazabilidad de la prueba relacionada con el origen y hallazgo de memorias externas que, según un informe de la AFI, habían motivado la denuncia de Ramos Padilla.

Sin embargo, la fiscal explicó que la solicitud de archivo se basaba principalmente en argumentos jurídicos sobre la irrelevancia penal de las conductas investigadas, tanto en esta causa como en la conexa FMP 8559/2020. La Cámara Federal de Apelaciones había señalado en su fallo la imprecisión de los verbos utilizados para describir las acciones atribuidas a los imputados.

Los hechos alegados se describieron de manera abstracta, utilizando términos genéricos como “ordenar”, “permitir”, “planificar”, “dirigir”, “supervisar”, “realizar” o “reportar” tareas de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias. Por otro lado, se plantearon hipótesis alternativas que sugerían que se trataba de síntesis de prensa, alertas de seguridad o análisis de conflictividad social, las cuales no fueron descartadas por las razones expuestas.

Finalmente, la fiscal recordó —y Ercolini citó— que la inconcreción de los hechos imputados evidenciaba una falta de pruebas respecto de un elemento clave de la acusación: la presunta finalidad de influir en la situación política, social o económica del país o de la provincia de Buenos Aires. Además, la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó este análisis al ratificar el sobreseimiento en la causa FMP 8559/2020.

Por otro lado, los informes presentados por Ramos Padilla como inteligencia ilegal consistían en recopilación de datos de fuentes abiertas, como redes sociales, y obtención de imágenes en espacios públicos, acciones que forman parte de las facultades legales para la prevención y preservación de la seguridad presidencial.